Una suspensión de dos años como mínimo le caerá al jugador de Bolívar, Carlos Castro, por adulteración de documentos de identidad. El futbolista —según trascendió— no tiene cómo demostrar que efectivamente tiene 17 años y no 22, como denunció The Strongest.
El último recurso bolivarista para evitar la sanción al jugador es una recusación presentada contra los cinco miembros del Tribunal de Justicia Deportiva (TJD) de la Liga, a fin de que se excusen de tratar el caso.
Según la Academia, en los jueces del TJD "existe odio y animadversión" hacia el Bolívar, y además supuesto "resentimiento" por las declaraciones efectuadas por el presidente de BAISA, Marcelo Claure, denunciando, sin dar nombres, que a su club le pidieron plata a cambio de fallar a su favor en el caso del jugador Augusto Mainguyagüe.
"Con esos argumentos consideran (los dirigentes de Bolívar) que no tenemos la capacidad de fallar", sostuvo Ronald Franco, secretario general del Tribunal de Justicia Deportiva.
Bolívar deslinda responsabilidad
El dirigente de Bolívar, Jaime Jemio, asegura que no es necesario tener una denuncia para investigar el caso de falsificación de documentos en el fútbol nacional por tratarse de un delito de orden público, y las Fiscalías de distrito pueden actuar de oficio para esclarecer estos hechos, en los que según el dirigente hay grados de culpabilidad de acuerdo al reglamento de la Federación Boliviana de Fútbol.
Así mismo, aclaró que los grados de culpabilidad establecidos en el reglamento de la Federación indican a un autor que sería el jugador, los instigadores que serían los padres de familia, dirigentes, empresarios y otros, y los cómplices que son quienes conociendo el tema no lo denunciaron, “con el argumento de que todos sabían, queremos poner una capa de olvido a esta situación que está creando un grave daño al fútbol nacional”.
Para Jemio, se debe aplicar las sanciones que determinan las leyes en nuestro país, y en el aspecto deportivo se tiene que dar un castigo que enseñe a los jugadores que no deben emplear estos instrumentos, y para ello está la aplicación de la suspensión de dos a cuatro años.
Explicó que en el caso de Carlos Castro, el club no se encuentra inmiscuido en el tema, porque recibió la documentación que sirvió para habilitarlo, claro que una vez que el jugador fue observado, se decidió no tomarlo en cuenta por el hecho de que podían afectarse los intereses del club.
El último recurso bolivarista para evitar la sanción al jugador es una recusación presentada contra los cinco miembros del Tribunal de Justicia Deportiva (TJD) de la Liga, a fin de que se excusen de tratar el caso.
Según la Academia, en los jueces del TJD "existe odio y animadversión" hacia el Bolívar, y además supuesto "resentimiento" por las declaraciones efectuadas por el presidente de BAISA, Marcelo Claure, denunciando, sin dar nombres, que a su club le pidieron plata a cambio de fallar a su favor en el caso del jugador Augusto Mainguyagüe.
"Con esos argumentos consideran (los dirigentes de Bolívar) que no tenemos la capacidad de fallar", sostuvo Ronald Franco, secretario general del Tribunal de Justicia Deportiva.
Bolívar deslinda responsabilidad
El dirigente de Bolívar, Jaime Jemio, asegura que no es necesario tener una denuncia para investigar el caso de falsificación de documentos en el fútbol nacional por tratarse de un delito de orden público, y las Fiscalías de distrito pueden actuar de oficio para esclarecer estos hechos, en los que según el dirigente hay grados de culpabilidad de acuerdo al reglamento de la Federación Boliviana de Fútbol.
Así mismo, aclaró que los grados de culpabilidad establecidos en el reglamento de la Federación indican a un autor que sería el jugador, los instigadores que serían los padres de familia, dirigentes, empresarios y otros, y los cómplices que son quienes conociendo el tema no lo denunciaron, “con el argumento de que todos sabían, queremos poner una capa de olvido a esta situación que está creando un grave daño al fútbol nacional”.
Para Jemio, se debe aplicar las sanciones que determinan las leyes en nuestro país, y en el aspecto deportivo se tiene que dar un castigo que enseñe a los jugadores que no deben emplear estos instrumentos, y para ello está la aplicación de la suspensión de dos a cuatro años.
Explicó que en el caso de Carlos Castro, el club no se encuentra inmiscuido en el tema, porque recibió la documentación que sirvió para habilitarlo, claro que una vez que el jugador fue observado, se decidió no tomarlo en cuenta por el hecho de que podían afectarse los intereses del club.
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